ALBERTO RUIZ-GALLARDON.- EL PRIVATIZADOR DE LA JUSTICIA

 

Sin entrar en valoraciones subjetivas sobre la figura de el ministro, encontramos que desde el nombramiento del Señor Gallardón y hasta el dia de su dimisión hemos visto como se ha venido produciendo paulatinamente un abandono y consecuente privatización de la Justicia, lo cual conlleva evidentemente un importante retroceso en los derechos y libertades de los ciudadanos. La consecuencia de la última reforma de la Ley de justicia gratuita es que se está dejando  a muchos ciudadanos sin acceso a un servicio que funciona de forma eficaz gracias al esfuerzo de colegios y abogados. Sobre la justicia en general y sobre el turno de oficio en particular descansa el derecho a la tutela judicial efectiva de miles de ciudadanos sin recursos suficientes para acudir a los tribunales”. Entre las medidas estrella,  aplicadas por el Reformista Gallardón, que están  encaminadas a esta privatización de la justicia destacamos:

 

 

1.- Ley de Tasas judiciales que supone un repago judicial para el ciudadano que acuda a la Administración de Justicia y que servirá para sufragar los gastos de la Justicia gratuita, en lugar de ser sufragados por los presupuestos generales del Estado

 

2.- Reforma de la LDP que conllevará la reducción de partidos judiciales a la mitad y que supondrá encarecer la Justicia a los ciudadanos que tendrán que acudir a más de 100 km de sus actuales Juzgados,

 

3.- El nuevo anteproyecto de Ley donde se les da va a dar competencias judiciales a los Notarios en materia de matrimonios, divorcios sin hijos o declaración de herederos. La posibilidad de que los Procuradores lleven a cabo las notificaciones a todas las partes del proceso, previo pago de su importe, o la más reciente Ley de Registro Civil que supone la desjudicialización de los registros civiles que dejarán de estar a cargo de un Juez y pasarán a manos de un funcionario ¿Será éste un Registrador de la Propiedad, como Don Mariano? La consecuencia directa de todo ello es que los ciudadanos tendrían que pagar por un servicio, que deja de ser público para convertirse en privados.

 

4.- La nueva reforma de la Ley de Justicia Gratuita entre cuyos aspectos mas destacados encontramos que:

 

a) Cambia los criterios para acceder a la justicia gratuita. A partir de ahora, una persona que solo gane 12.000 euros al año ya no tendrá este derecho, cuando ahora eran a partir de 15.000.

b) Se elimina la territorialidad de los abogados en el turno de oficio: "Un letrado de cualquier ciudad podrá asistir en el turno de oficio de Mallorca. Ello supondrá que los grandes bufetes tendrán abogados en todas las comunidades autónomas y podrán aglutinar gran parte de los casos

c) Otros aspectos fundamentales que perjudican al justiciable: no garantiza la financiación pública ni la cercanía de la Justicia al ciudadano, desconfía y sospecha de los ciudadanos, menosprecia la labor de los abogados del Turno de Oficio al no garantizar un pago digno y puntual por sus actuaciones, burocratiza y hace más lenta la labor de los abogados y de los Colegios y, sobre todo, deteriora un servicio de calidad y no mejora el actual modelo ni lo moderniza.

En definitiva de esta última reforma de la justicia gratuita se desprende que la voluntad encubierta consiste en la privatización de la justicia gratuita, la cual acabara en manos de grandes bufetes de abogados, que cobraran estos servicios y cuyos pasantes realizaran el trabajo y su remuneración será el mero hecho de poder trabajar gratis para estos despachos. Y como siempre el mas perjudicado será el ciudadano, si no tiempo al tiempo.

5.- La reforma del codigo penal la cual deja de lado conductas reprochables a funcionarios y cargos públicos en el ejercicio de su función.

De todo lo dicho es obvio del afán reformista del Ministro el cual en vez de beneficiar al más vulnerable ha producido todo lo contrario, por lo que "tanta paz lleves como descanso dejas"

 

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